Santo Domingo.— El ingeniero Teodoro Tejada advirtió que la Ley 83-24, promulgada para destrabar procesos legales que han impedido la finalización de infraestructuras estatales, debe aplicarse sin excepción a todas las obras gubernamentales actualmente en ejecución.
El también expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA) explicó que esta normativa, emitida el 17 de diciembre de 2024, modifica varios artículos de la Ley 118-21 con el objetivo de dar continuidad a proyectos que permanecían paralizados por trabas legales y presupuestarias.
Según detalló, la legislación busca garantizar la reanudación y culminación de obras como escuelas, hospitales, carreteras y presas, permitiendo la cubicación de proyectos que habían sido suspendidos por falta de asignación de fondos.
Tejada precisó que el artículo 3 de la Ley 83-24 introduce cambios sustanciales a los artículos 1 y 2 de la normativa anterior, estableciendo que su aplicación tiene carácter transitorio y abarca todas las obras que superen el 25 % del monto inicialmente contratado, así como aquellas que aún no han iniciado, a fin de que puedan ser concluidas por las instituciones responsables.
No obstante, calificó como “extraño y absurdo” que importantes entidades públicas hayan quedado fuera del alcance de la ley, citando entre ellas al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, así como corporaciones de acueductos y alcantarillados, además de ministerios como Deportes y Turismo.
El ingeniero sostuvo que excluir a estas instituciones constituye una violación al derecho fundamental de igualdad consagrado en la Constitución dominicana, específicamente en su artículo 39.
Asimismo, recordó que debe respetarse el principio de favorabilidad establecido en la sentencia TC/0323/17 del Tribunal Constitucional, la cual, según explicó, impide la aplicación selectiva de la ley en perjuicio de determinadas entidades u obras.
Tejada también advirtió que los funcionarios públicos que incumplan la aplicación de la Ley 83-24 podrían enfrentar consecuencias legales, al incurrir en violaciones al artículo 148 de la Constitución, relativo a la responsabilidad civil.
La Ley 83-24 fue promulgada por el presidente Luis Abinader como una medida para reactivar proyectos de infraestructura detenidos, considerados clave para el desarrollo nacional.
