Redacción Internacional.– Este sábado se produjo la liberación de 17 personas recluidas por motivos políticos en el centro de detención conocido como Zona 7, dependiente de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas, informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en redes sociales.
En un mensaje publicado en la plataforma X, Rodríguez confirmó que los internos estaban siendo excarcelados en el marco de lo que calificó como un avance dentro del proceso de implementación de una Ley de Amnistía y que se busca profundizar la convivencia pacífica en el país.
La excarcelación se dio en medio de una intensa presión pública: un grupo de personas privadas de libertad se había declarado en huelga de hambre en los últimos días, mientras que familiares de los reclusos llevaron a cabo protestas y se encadenaron en los alrededores del penal para exigir la libertad de sus parientes.
Organizaciones de derechos humanos y partidos de oposición también confirmaron la salida de los 17 presos, que incluyó a hombres y mujeres. A través de publicaciones en redes sociales, grupos como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos destacaron que estos liberados se reunieron con sus familiares entre vítores y abrazos, muchos de ellos tras semanas de incertidumbre.
A pesar de estas excarcelaciones, todavía existe un número considerable de personas detenidas por razones políticas en Venezuela. Según datos de la organización no gubernamental Foro Penal, al menos 644 personas permanecían tras las rejas por motivos vinculados con la causa política hasta el pasado 9 de febrero.
Además, el Parlamento —controlado por el oficialismo— aplazó esta semana el segundo y último debate de un proyecto de Ley de Amnistía que busca beneficiar a quienes han sido procesados o condenados por causas vinculadas a la protesta política desde 1999. El debate se reanudaría la próxima semana.
El Ejecutivo venezolano, por su parte, ha negado en repetidas ocasiones que existan presos políticos en el país, argumentando que quienes están detenidos han cometido delitos, postura que ha sido rechazada por varias organizaciones civiles y agrupaciones opositoras.
